Empiezo a tener una edad que me permite recordar como algo no demasiado lejano los tiempos en los que los gobernantes autonómicos se caracterizaban por guardar un escrupuloso celo por sus competencias. Jo, eran tiempos en los que la palabra competencia estaba gastadísima, casi tanto como hoy la palabra consulta.
Lo de las leyes de consultas ciudadanas autonómicas en un principio no sólo no está mal, sino que si se aplica con arreglo a la letra de los textos, puede ser un gran instrumento democratizador. Por ejemplo, tras un debate plural, formado y racional permite dilucidar las prioridades y sensibilidades de la ciudadanía antes de legislar. Sería formidable de cara a diseñar unos presupuestos u orientar cuestiones particularmente sensibles. Se me ocurren mogollón de ocasiones propicias: modelo sanitario, lingüístico, subidas de impuestos, infraestructuras, medio ambiente... Concretando aún más, ¿no habría sido fastuoso poder votar lo del proyecto de Barcelona World? A mí me hubiese encantado.
Pero no, por lo que se va viendo, no deja de ser un nuevo instrumento para lidiar contra el gobierno central, usando en este caso, la radiante carta de la legitimidad democrática en cuestiones sobre la que los gobiernos autonómicos, llana y sencillamente, no tienen competencias. Ironías de la vida, con lo celosos de sus competencias que eran antaño, con lo beligerantes que eran ante cualquier posibilidad de intromisión por parte del gobierno central...
Aunque cueste creerlo, no estoy pensando en la dichosa consulta de Mas y compañía. Con prurito, no es competencia del gobierno central decidir la independencia de Cataluña, ya que no lo permite la Constitución, sino, en todo caso, el pueblo español en su conjunto a través de su reforma. No, de lo que hablo es de un caso en realidad bastante más interesante: la consulta sobre las prospecciones petrolíferas del gobierno canario.
No me permito juzgar el gobierno canario, fundamentalmente, porque no tengo datos suficientes. No puedo emitir más que un prejuicio que prudentemente me callo. Sólo me cabe confiar que haya agotado todas las vías legales y que se haya documentado concienzudamente de la realidad de los riesgos de las prospecciones que se plantean. Con todo, no puedo sino compartir las prevenciones que se puedan tener al proyecto petrolífero en cuestión. Sin duda, está cercano a áreas sensibles y de gran valor ecológico. Pero, fundamentalmente, está auspiciado por un gobierno que da motivos para sospechas maliciosas: Tan reacio a ponerle límites a las grandes compañías, especialmente si son energéticas; formado por un partido tan proclive a eso que se ha venido a llamar puertas giratorias (qué sorpresón, ¿eh?, como acabe el ministro Soria en un puestazo en Repsol); y, por supuesto, presidido por un tipo recordado por “los hilillos de plastelina”. Es normal no sentirse en buenas manos.
Sin embargo, la estrategia adoptada por el gobierno canario es demagógica, quizá desesperada, lo ignoro, pero demagógica. En primer lugar, no pretende averiguar la opinión del pueblo para adoptar una decisión, sino cargar de legitimidad popular su posición sobre la que no tiene competencias, para tratar de presionar al gobierno central y poner en tela de juicio su legitimidad para tomar las decisiones que le competen. Si el gobierno central hiciera lo mismo con las competencias de la autonomía canaria, se indignarían con razón.
Lo que está haciendo el gobierno canario es, por lo tanto, un fraude de ley, porque está utilizando una ley para un fin diferente para el que se elaboró y con la finalidad de contravenir la normativa que le atribuye la competencia a otra administración. Dicho de otra forma, es una convocatoria de manifestación por decreto. Por no hablar de la directriz comúnmente aceptada de que en una consulta de este tipo la pregunta tiene que ser clara. Tengo muy claro que esta no lo es: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?." Todo el mundo parece entender que lo que se pregunta es si quieres las prospecciones, pero lo que yo entiendo es que cuando se hagan las prospecciones si vas a querer que Canarias cambie su modelo medioambiental y turístico o lo deje igual. ¿Que se vota en realidad? Dará igual porque no se pretende decidir nada con eso sino presionar a otra administración. No se puede manipular así a la gente.
Por otro lado, en una cuestión tan delicada, antes de escuchar la opinión del pueblo, que por muy soberano que seamos, no tenemos ni repajolera idea de riesgos medioambientales, de sistemas de prospección y esas cosillas a tener en cuenta en el asunto de fondo que nos ocupa. Al menos, yo no tengo ni idea. Preferiría escuchar expertos independientes que ponderen los riesgos, las limitaciones, los procedimientos y las oportunidades de buscar petróleo por ahí que al demagogo de turno diciendo que no se respeta el derecho a decidir del pueblo canario. A lo mejor lo que pasa es que esto, desgraciadamente, sea lo único efectivo.
